Es necesario reflexionar sobre cómo entendemos la informalidad y abstraernos del juicio de valor negativo con el que la asociamos para poder ver las múltiples posibilidades que esta implica en el desarrollo de nuestra sociedad.

Por Juan David Cuesta Velásquez

¿Por qué asociamos la informalidad con elementos negativos como la ilegalidad o la pobreza? Nos han enseñado que esta tiene solo implicaciones negativas en la configuración de la sociedad y, en gran medida, esas miradas negativas vienen en discursos cotidianos que consumimos de los medios de comunicación.

Bien es cierto que la informalidad tiene inherentes relaciones con lo económico, lo social y lo político e históricamente ha estado puesta bajo la lupa como un fenómeno a mitigar; como enemiga del desarrollo económico y social; pero, ¿qué pasaría si la observáramos desde otras perspectivas menos deslegitimadoras?

Los investigadores Giordano Alvarado y Valery Medina de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y y el Proyecto 7: Laboratorio Social de Alianza EFI proponen un cambio de mirada frente al análisis de discursos deslegitimadores que ofrecen los medios de comunicación escritos en el país ante la informalidad. En el documento “Formas del sentir en medios periodísticos, una mirada al discurso de la informalidad” los académicos revisaron alrededor de 129 artículos periodísticos de medios de comunicación escritos como los diarios El Espectador, El Tiempo, Portafolio y la Revista Semana buscando analizar su posición frente a la informalidad y el impacto de esta posición entre sus lectores y sus construcciones imaginarias sobre el fenómeno. Dicho análisis giró en torno a las emociones que buscan evocar los contenidos periodísticos sobre la informalidad en sus lectores.

En su exploración, Alvarado y Medina abordan como eje la emocionalidad de los consumidores de estos medios impactada y permeada por las emocionas que, intencionalmente, evocan los discursos mediáticos construyendo así una perspectiva negativa generalizada sobre la informalidad en asociación a actividades ilegales, a la generación de pobreza y de condiciones que distan de la dignidad en ámbitos como el trabajo y la vivienda.

De esta revisión, surge entonces preguntar si es necesariamente negativa la informalidad, ¿será que no puede tener otras miradas?

Hacia otras miradas de la informalidad…

En Colombia, durante el segundo trimestre del 2022 la informalidad laboral, por ejemplo, se ubica sobre el 43,5% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. En sus informes, la entidad destaca el decrecimiento y mitigación de esta como logros a alcanzar para el fortalecimiento del desarrollo económico y social del país. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la fuerte tendencia de las actividades informales como motores de desarrollo económico para el sustento en diferentes sectores de la ciudadanía; sobre todo en aquellos que se encuentran por diversas condiciones fuera del mercado laboral.

De igual forma, podríamos abordar el impacto que han tenido otros fenómenos como la migración en la consolidación acelerada de asentamientos o barrios de forma informal también vistos de forma negativa desde el urbanismo y el desarrollo económico. A esto podemos sumarle incluso la generación de actividades asociadas a la informalidad como el reciclaje por subsistencia, o las actividades comerciales en el espacio público como las ventas ambulantes o estacionarias en parques y plazas que van concadenando así una discursiva negativa desde los medios.

Pero, detengámonos un momento y pongámonos en la posición de quienes lo hacen o, en muchas situaciones, están obligados a hacerlo; ¿para ellos será tan mala la informalidad? ¿será tan indigna? ¿será tan negativa en su economía?

Reflexionemos sobre lo que sentimos y percibimos como informalidad, ¿lo malo de la informalidad está en dónde? ¿en todo el grupo de actividades que componen sus definiciones ante los organismos internacionales o, por ejemplo, en el tratamiento que se le da desde las políticas públicas?

Si cambiara el discurso negativo sobre la informalidad sería posible pensar más allá, pensar en las oportunidades que pueden tener distintas actividades informales para potencializar el desarrollo y dignificación de las condiciones de vida de quienes deben por distintas circunstancias recurrir a ellas.

Podríamos pensar entonces que, si medios como El Tiempo, El Espectador, Portafolio y Semana no tuvieran titulares como “Las caras del desempleo en Colombia, son algunos de los rostros de la difícil situación del empleo en el país”; “Los conflictos del Código de Policía con la informalidad en el país”, “Los recicladores informales se exponen a sustancias cancerígenas como el mercurio, el plomo y el cadmio”, “Vivienda informal sigue siendo la solución para los más pobres” hablaríamos de, por ejemplo, espacios de formación y tecnificación de actividades comerciales para la dignificación de condiciones laborales; o quizás de fomentar la inversión en la ruralidad para las actividades agrícolas no industrializadas y de sustento campesino informal; o de las cifras reales que aportan al PIB las actividades económicas informales sin deslegitimar su legalidad como moteres del desarrollo socioeconómico en los sectores sociales donde son más marcadas las brechas de acceso al mercado laboral.

El presente artículo no pretende deslegitimar las definiciones que han constituido el concepto de informalidad, pero, por supuesto pretende ampliar la visión sobre esta legitimando que esta es en sí misma la realidad que gran parte de la sociedad atraviesa en múltiples niveles pero que, de igual forma, todos como sociedad nos servimos de esta, entonces, ¿por qué no dignificarla?, ¿por qué no asumirla como una realidad transformable en dignidad laboral, de vivienda, de vida?

Sobre Alianza EFI

Este artículo hace parte del equipo de comunicación y divulgación científica del proyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, el cual busca diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos.

Las instituciones y organizaciones que hacen parte de la Alianza EFI son: Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Universidad de Ibagué, University of Oxford, Universitá Degli Studi Di Milano-Bicocca, Paris School of Economics, University of Pennsylvania, University of Illinois at Chicago, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Asocajas, Asobancaria, Camacol, Fundación Avina, Fundación Capital y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca ASOM.

Para conocer más sobre la Alianza EFI visite la página web: www.alianzaefi.com

Una investigación realizada por la Universidad del Rosario y el Banco de la República busca entender los mecanismos que influyen en los mercados de tierras rurales, para conocer las posibles consecuencias de las herencias sobre la eficiencia, la productividad agrícola y la informalidad.

Las herencias son un tipo de transacción no comercial que tienen gran influencia en la cantidad de predios rurales informales que hay en el país y, además, tienen un papel fundamental en el uso productivo de la tierra. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirma en el documento ‘Asistencia técnica y jurídica para la formalización de la pequeña propiedad privada rural a nivel nacional’, que “casi la mitad de los predios rurales inscritos en el catastro no tiene títulos ciertos, lo que significa que aproximadamente 1.7 millones de predios rurales son tenidos bajo modalidades precarias como: posesiones de predios ajenos, herencias no repartidas legalmente, ocupación de baldíos, escrituras o títulos no registrados, entre otros”.

Según el investigador de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Cesar Mantilla, “la imposibilidad de registrar los derechos de propiedad sobre parcelas cada vez más pequeñas genera un problema de informalidad en la tenencia de tierras. Nuestra investigación permite entender los mecanismos fuera del mercado que acentúan este problema. En particular, cómo las preferencias por asignaciones igualitarias de tierra terminan definiendo estas particiones de los predios”.

Un juego para conocer cómo se asignan tierras rurales heredadas

El experimento realizado se basó en un juego diseñado como un ambiente de toma de decisiones, con el fin de explorar cómo los agricultores asignan la tierra heredada y evaluar la eficiencia de estas asignaciones, es decir, si estas divisiones se realizan teniendo en cuenta quién le dará un uso más productivo o si hay otras razones de mayor peso a la hora de repartir una finca heredada.

El juego se realizó con 128 parejas de participantes rurales de ocho municipios y 60 parejas de estudiantes de pregrado. Durante el juego, cada pareja tuvo que negociar cómo dividir una finca de 9 parcelas, al azar se asignó a uno de los participantes como el más productivo, así se observó si a la hora de repartir la tierra tenía mayor importancia una división en partes iguales o si se tenía en cuenta quién le daría un uso productivo a la misma, es decir, una división eficiente.

El investigador Cesar Mantilla explica que “para entender las preferencias de las personas, en un experimento se suelen introducir variaciones aleatorias que permitan entender mejor los mecanismos del comportamiento humano”. Por esta razón, en el juego introdujeron dos variaciones, en unos casos los jugadores podían repartirse la finca sin restricciones, en otros, alguno de los dos debía quedarse con la finca completa o perdían una de las parcelas.

Este experimento está explicado a profundidad en el artículo académico ‘Land division: A lab-in-the-field bargaining experiment’, escrito por Cesar Mantilla y Margarita Gafaro, quien hace parte del Centro de Economía Agrícola y Recursos Naturales del Banco de la República.

Igualdad sobre eficiencia, resultados del experimento

En la variación sin restricciones, el 75% de las asignaciones que se dieron fueron igualitarias, es decir, entre los jugadores se repartieron la finca de manera que uno quedó con 5 parcelas y el otro con 4, buscando una igualdad en la división. Y en la variación restringida, como no se podía llegar a una división igualitaria, los jugadores aceptaron asignaciones de tierra completamente desiguales, por lo tanto uno se quedó con toda la finca a cambio de plata del juego.

“Nosotros habríamos esperado asignaciones de tierra más desiguales para ser más eficientes, porque al final, las fichas del juego debieron haber funcionado para que el jugador que no se quedara con tanta tierra quedara satisfecho, y lo que se evidenció es que ni un modelo cooperativo, donde los dos entienden que se tienen que dividir las ganancias conjuntas; ni un modelo no cooperativo, donde el que tiene todo el poder de negociación intenta aprovecharlo; predicen bien los resultados que observamos”.

Heurística de la igualdad

Estos resultados reflejan que la sociedad tiene una heurística de la justicia muy marcada, en la que se prefiere dividir las cosas en partes iguales así no sea la opción más eficiente. El investigador Mantilla explica que “una decisión heurística es algo que ocurre como un atajo mental, una heurística que tenemos en las sociedades occidentales que funcionamos a través de mercados, es que las cosas se dividen en igualdad, es decir, si tengo 3 personas y tengo 6 pedazos de pizza, a cada una le corresponden 2 pedazos de pizza”.

En esa división no se toman en cuenta otros elementos que pueden estar involucrados, como que a una de las personas no le guste la pizza o que otra tenga más hambre que las demás, y usualmente prevalece una división donde hay igualdad sobre la eficiencia. En el caso de la tierra, al prevalecer la igualdad sobre la eficiencia, no se tiene en cuenta quién le dará un uso más productivo, y se generan divisiones cada vez más pequeñas que influyen en el aumento de la informalidad de tierras al no poder registrar las parcelas por su tamaño.

Un círculo vicioso

A partir de estos resultados se comprende que esta situación genera un círculo vicioso, “porque al haber menos transacciones de mercado es más difícil saber el valor real de la tierra, y como no se sabe el valor real de la tierra, entonces, en vez de intentar hacer cambios a través del mercado, se prefiere buscar otros mecanismos de asignación que no impliquen dinero, como pasarle la finca a los descendientes”. Además, el experimento demostró que “hay una propensión muy fuerte a valorar la tierra por encima de su valor productivo, quizá tiene un valor mucho más profundo en términos culturales y eso es lo que hace que a veces los mercados de tierras no puedan funcionar bien.” expresa Mantilla.

Esta investigación hace parte del proyecto ‘La mente del agente económico informal: preferencias, habilidades y normas sociales’, el cual está inmerso dentro de un macroproyecto llamado ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, financiado por el programa gubernamental ‘Colombia Científica’.

Sobre Alianza EFI

Este artículo hace parte del equipo de comunicación y divulgación científica del proyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, el cual busca diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos.

Las instituciones y organizaciones que hacen parte de la Alianza EFI son: Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Universidad de Ibagué, University of Oxford, Universitá Degli Studi Di Milano-Bicocca, Paris School of Economics, University of Pennsylvania, University of Illinois at Chicago, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Asocajas, Asobancaria, Camacol, Fundación Avina, Fundación Capital y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca ASOM.

Para conocer más sobre la Alianza EFI visíte la página web: www.alianzaefi.com

Un modelo matemático creado por investigadores de la Universidad de Antioquia y del Banco de la República identifica cuáles son las propuestas políticas que (realmente) generarían un cambio en la informalidad laboral, la productividad, la distribución del ingreso y el bienestar del país. Le explicamos qué habría que hacer para conseguirlo.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en noviembre del 2020 el 48,7% de los colombianos tenían un trabajo informal. En 2019 el 75,7% (4,4 millones) de micronegocios del país no contaban con Registro Único Tributario (RUT), y el 87,8% (5,1 millones) no tenían un Registro Mercantil. Además, en relación con la declaración de impuestos, el 88,6% no era responsable del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 42,6% no declaró el impuesto sobre la renta y el 45,8% tampoco declaró el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

No es necesario tener estudios en economía para darse cuenta que los indicadores son altos y sugieren un esfuerzo mayúsculo de todos para que el Estado realice los ajustes necesarios de manera que la formalidad sea una opción por la cual los colombianos prefieran optar.

Para reducir la informalidad laboral y empresarial en Colombia, se han planteado diversas políticas que buscan la posibilidad de remover barreras que dificultan el paso de la informalidad a la formalidad, entre ellas, reducir los costos fijos de la operación formal, reducir el impuesto sobre la renta, eliminar el salario mínimo y reducir el impuesto sobre la nómina.

Cada una de esas propuestas genera debates en espacios académicos y políticos de nunca acabar, pero en un estudio realizado por un grupo de investigadores económicos se identificaron cuáles propuestas (de ser puestas en marcha) promoverían la formalización, el aumento de la productividad económica y un mayor bienestar gracias a la redistribución del ingreso.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Los investigadores realizaron simulaciones en las que, a partir del uso de un modelo matemático creado por ellos mismos, se observó qué sucede al eliminar las que han sido consideradas como ‘barreras para la formalidad’. “A partir de ahí concluimos cuáles son las mejores medidas y cuáles no parecen tener tantos efectos”, comenta Catalina Granda, una de las investigadoras principales y docente de la Universidad de Antioquia.

Este modelo matemático se ajustó a la economía colombiana con datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) de 2013. Toda la investigación está explicada a profundidad en el artículo académico ‘On the Aggregate Implications of Removing Barriers to Formality’, escrito por Granda y Franz Hamann, director del Grupo de Modelos Macroeconómicos del Banco de la República.

¿Cuáles son las barreras a la formalidad?

Las cuatro barreras que se tuvieron en cuenta fueron: costos fijos de la operación formal, impuesto sobre la renta, salario mínimo e impuesto sobre la nómina. El estudio consistió en probar qué sucedía si se eliminaba alguna de las barreras, de manera simultánea o individual, esto les permitió calcular cómo influyen en la elección de una ocupación formal frente a una informal, también, cómo afecta la productividad y sus repercusiones sobre la distribución del ingreso y el bienestar.

La primera barrera que se eliminó fue la de los costos fijos que conlleva operar en la formalidad, es decir, en la simulación se eliminaron los costos que asume una empresa para ser formal, como el registro mercantil. Otras barreras que se eliminaron fueron la del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la nómina, y por último, una que despertó el mayor interés, fue la de la eliminación del salario mínimo, ya que “se ha argumentado que el alto salario mínimo que hay en Colombia sería una explicación para los altos niveles de informalidad y los altos niveles de desempleo que hay en el país”, explica la investigadora.

¿Cuáles funcionan?

Para los investigadores de este proyecto, uno de los resultados más interesantes es que “cuando se eliminan los costos de operación de las empresas en el sector formal y se elimina el impuesto sobre la renta, es cuando se acaba la informalidad y se logran las mayores ventajas en términos de redistribución del ingreso, lo que significa que quienes antes tenían menos tendrían más. Esto permitiría una mayor justicia o igualdad social, por decirlo de alguna manera. También se logran mayores ventajas en términos de ganancias en la productividad agregada de la economía, y consecuentemente del bienestar”, expone Granda.

En el estudio también se observó qué sucede al eliminar las barreras una por una, y se encontró que eliminar únicamente los costos fijos de la operación formal es lo más benéfico, pero como se mencionó, los mejores resultados se obtienen si se implementa también la eliminación del impuesto sobre la renta.

¿Cuáles políticas no funcionan?

Catalina Granda comenta que lo que más les llamó la atención “fue ver que si se eliminan todas las barreras estudiadas, no desaparece la informalidad”. Incluso la eliminación del salario mínimo tiene efectos adversos sobre la formalización laboral y la productividad, puesto que produciría que todos los trabajadores se vuelvan informales. También generaría una mayor concentración de ingresos y esto afectaría el bienestar.

Además, eliminar el salario mínimo y el impuesto sobre la nómina de manera conjunta tampoco es beneficioso para superar al sector informal y mejorar la eficiencia. Y eliminar el salario mínimo y los costos fijos de la operación formal simultáneamente no conducen a la formalización total ni incentiva a todos los trabajadores a optar por la formalidad.

Combatir el fenómeno de la informalidad

En conclusión, “para combatir el fenómeno de la informalidad no es necesario acabar con todas las barreras o con todas las medidas que se ha argumentado que la originan, lo que hay que hacer es revisar el marco legal y regulatorio existente y enfocarnos en unas cuantas medidas que serían las que podrían reportar las mayores ganancias en términos de cambios en las ocupaciones y la productividad, que es algo sumamente importante a tener en cuenta, y que si se hacen esos cambios los otros pueden venir por añadidura”, argumenta Catalina Granda.

La investigación en la que participó Granda hace parte del proyecto ‘Aspectos macroeconómicos e institucionales sobre las causas y consecuencias de la informalidad’, el cual hace parte de un macroproyecto llamado ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, financiado por el programa gubernamental ‘Colombia Científica’.

Sobre Alianza EFI

Este artículo hace parte del equipo de comunicación y divulgación científica del proyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, el cual busca diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos.

Las instituciones y organizaciones que hacen parte de la Alianza EFI son: Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Universidad de Ibagué, University of Oxford, Universitá Degli Studi Di Milano-Bicocca, Paris School of Economics, University of Pennsylvania, University of Illinois at Chicago, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Asocajas, Asobancaria, Camacol, Fundación Avina, Fundación Capital y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca ASOM. Para conocer más sobre la Alianza EFI visíte la página web: www.alianzaefi.com

Una investigación desarrollada por un grupo de profesores e investigadores de la capital del Valle encontró que la estructura urbana de la ciudad de Cali afecta las posibilidades para el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y el acceso a los equipamientos básicos que ofrece la ciudad.

La organización de zonas al interior de una ciudad determinan los precios de las viviendas según su ubicación. Así un ciudadano, según sus ingresos, quizá pueda permitirse vivir más cerca de su lugar de trabajo, encontrar una mayor oferta cultural o, incluso, acceder a servicios básicos de manera más sencilla.

La ciudad de Cali cuenta con una estructura urbana donde los precios de las viviendas son más elevados en zonas con mejor acceso a las centralidad de empleo o zonas con mayor accesibilidad a servicios básicos, y a la vez, tiene elevada segregación residencial, es decir, la distribución de grupos poblacionales en el territorio es desigual.

Así lo afirma un estudio realizado por docentes e investigadores de la Universidad del Valle, en el marco del proyecto ‘Las ciudades como escenarios para la inclusión social’, el cual hace parte de un macroproyecto llamado ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, financiado por el programa gubernamental ‘Colombia Científica’.

Una de las preguntas que motiva este estudio es conocer más sobre cómo la composición social de los barrios incide en el comportamiento de los precios, y cómo a su vez esto genera un efecto de retroalimentación para reproducir condiciones de vulnerabilidad en la población.

La estructura de la ciudad de Cali y la segregación residencial

La ciudad de Cali se podría caracterizar como una de las ciudades de Colombia con mayor composición de población afrodescendiente, así lo afirma Harvy Vivas Pacheco, profesor titular del Departamento de Economía en la Universidad del Valle, y uno de los investigadores que encabeza este proyecto, quien agrega que, de acuerdo con el censo de población y vivienda de 2005 y con la variable de autopercepción y de autorreconocimiento étnico, Cali “concentraba alrededor de 26.22% de la población total como población afrodescendiente. Aunque en el censo del 2018 este porcentaje es más bajo, cosa que está en discusión, la ciudad sigue concentrando una alta proporción de población afro”.

Este significativo porcentaje de población afrodescendiente es el resultado de procesos históricos de ocupación sobre el territorio y de la aceleración de procesos migratorios provenientes del pacífico chocoano y del pacífico caucano. El estudio identificó que esta población se concentra en determinadas zonas de la capital del Valle, donde los precios del suelo y vivienda son más económicos, están más alejados de las centralidades de empleo y presentan dificultades de accesibilidad a equipamientos básicos de la ciudad.

“La población afrodescendiente de la ciudad de Cali es precisamente la que se localiza en la zona oriente de la ciudad y gracias a la política de vivienda de los últimos años, se ha configurado en esa zona una especie de gueto de población vulnerable en asentamientos informales”, expone el profesor Vivas.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores levantaron bases de datos para caracterizar a los ciudadanos. Se valieron de información obtenida del Ministerio de Trabajo, el Sisben y el POT local (Plan de Ordenamiento Territorial), e incluyeron información de las comunas de la ciudad. Fue un proceso de integración de bases de datos, antecedentes e información de la ciudad, asentada en una juiciosa fundamentación conceptual. Todo esto facilitó la entrada para estudiar lo que se encuentra en el artículo académico “Precios del suelo y accesibilidad a las centralidades de empleo en Cali: análisis exploratorio con información 2015-2017”.

¿Qué pasa con las políticas de vivienda?

“Encontramos una relación entre vulnerabilidad, color de piel y por supuesto, la forma en cómo las políticas de vivienda o las mismas políticas urbanas promueven la segregación en el interior de las ciudades”, afirma Harvy Vivas.

En general, las ciudades de América Latina no obedecen a patrones de planificación urbana que articulen los usos del suelo con la accesibilidad y con algunos propósitos de integración social, “estamos muy alejados de ese tipo de modelos ideales (…) Por el contrario, las políticas de vivienda nuestras, promueven una mayor segregación, el mejor ejemplo son muchos de los proyectos de vivienda de interés social y de vivienda gratuita, que en la ciudad de Cali se han orientado precisamente hacia las zonas más alejadas de la ciudad y sobretodo cerca a zonas de alta vulnerabilidad ambiental”, enfatiza Harvy Vivas.

Por ejemplo, en el municipio de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali, “es donde se están localizando la mayoría de viviendas de interés social. Es decir, se promueve un modelo de ocupación del territorio segregado donde no hay una política claramente orientada a fomentar una mayor integración social, que es una discusión en el campo de la política económica que ha enfrentado Bogotá, Sao Paulo y las grandes ciudades en el mundo, y es cómo lograr sopesar una política de integración social con los usos del suelo.”

Los investigadores plantearon diferentes estrategias para tratar de aproximarse a ese modelo de ocupación del suelo de Cali reflejado en el comportamiento de los precios. Para hacerlo tuvieron en cuenta un conjunto de variables sociodemográficas que condensaron la información sobre el entorno social y económico de cada uno de los barrios, incluyendo información de la estructura urbana, como las zonas de actividad y la presencia de centralidades, a partir de lo estructurado en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

Fragmentación de la ciudad

Como consecuencia de esta organización al interior de Cali se desprenden varias problemáticas. Según el artículo académico publicado, se afecta de manera negativa el aprovechamiento de oportunidades de empleo y el acceso a los equipamientos básicos que ofrece la ciudad, lo que sostiene la segregación y la falta de inclusión social y productiva.

Por otro lado, las deficiencias en los sistemas de transporte masivo agravan esta situación, ya que dificulta la accesibilidad a los centros de empleo desde las zonas de mayor vulnerabilidad. Diversos estudios muestran que las bajas frecuencias de buses y los elevados tiempos de trasbordo afectan en gran medida a las zonas de mayor pobreza “Esto implica que las brechas de accesibilidad a los centros de empleo, por medio del sistema de transporte masivo, refuerzan la iniquidad en la ciudad.” afirma el investigador Vivas.

Por estas razones, se requiere un tratamiento integral de las políticas de usos del suelo, así como de los planes y diseños de la ciudad. De esta manera, se lograría una organización más justa y equitativa.

¿Cuáles son los siguientes pasos del proyecto?

El equipo de trabajo está realizando algunos ejercicios que buscan evaluar los impactos que se desprenden de la informalidad de los asentamientos urbanos y del comportamiento de los precios del suelo.

“En este momento estamos trabajando precisamente en eso. Porque en Cali no solo existen asentamientos informales ligados a la población afrodescendiente, sino que existe una fuerte composición de asentamientos informales sobre todo en zona de ladera, donde prevalece población mestiza, pero que tiene condiciones de vulnerabilidad bastante críticas y que son casi ciudades dentro de la ciudad, como emplazamientos ubicados de manera muy distantes de las centralidades de empleo y de los equipamientos urbanos.” puntualiza el investigador.

Sobre Alianza EFI

Este artículo hace parte del equipo de comunicación y divulgación científica del proyecto ‘Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal – Alianza EFI’, el cual busca diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos.

Las instituciones y organizaciones que hacen parte de la Alianza EFI son: Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Universidad Autónoma Latinoamericana, Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Universidad de Ibagué, University of Oxford, Universitá Degli Studi Di Milano-Bicocca, Paris School of Economics, University of Pennsylvania, University of Illinois at Chicago, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Asocajas, Asobancaria, Camacol, Fundación Avina, Fundación Capital y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca ASOM. Para conocer más sobre la Alianza EFI visíte la página web: www.alianzaefi.com